Nada nuevo...

La televisión cubana no tardó en ofrecer una versión totalmente manipulada del altercado entre los funcionarios de Cultura y la treintena de jóvenes que se congregaron frente a la sede del Ministerio. Los videos que circulan en las redes muestran claramente al ministro Alpidio Alonso agrediendo a otros ciudadanos. La policía, que acechaba en una esquina, no intervino para aplacar la trifulca. Ya se sabe que, aunque Alonso debiera ser cuando menos citado por alguna instancia legal, no habrá ningún acta de la policía, no surtirá efecto ninguna denuncia, ni escucharemos ninguna amonestación pública, ningunas disculpas, ni ningún comentario en la prensa. Por el contrario, como era por completo previsible, el presidente de la República salió de inmediato en defensa de los agresores. Por desgracia, el comportamiento violento de Alonso no es, ni con mucho, el incidente más brutal que ha acontecido en la Isla, donde―desde hace más de seis décadas―unos ciudadanos disponen de amparo legal para agredir física y verbalmente a otros. Desde que los medios de prensa nacionales―y la alta dirigencia del país―se habituaran a llamar 'gusanos' a todos aquellos que de alguna manera manifestaran su inconformidad, pasando por los mítines de repudio, la creación de las Brigadas de Respuesta Rápida, el hundimiento del Remolcador 13 de marzo, y las recientes manifestaciones frente a las moradas de los opositores, los partidarios del gobierno―y no solo los encargados de mantener el orden público― están de facto investidos con la facultad de vigilar, vilipendiar y abusar físicamente de los ciudadanos que expresen su inconformidad contra el régimen. Si Alpidio Alonso y sus seguidores tuvieron una absoluta impunidad para golpear a los jóvenes, a estos solo les correspondía aguantar o tratar de contener los sobresaltos del Ministro de Cultura. Los jóvenes en ningún caso hubieran podido aducir aquello de ‘defensa propia’. El ‘gusano’ está desprotegido legalmente frente a los ‘revolucionarios’.