12/7/14

Remolcador 13 de marzo

I
En La Habana era frecuente encontrar a personas que solo hablaban de cómo irse de Cuba. Urdían toda suerte de planes, desde ganarse la lotería de visas norteamericanas, hasta la posibilidad de que algún pariente ayudara, el matrimonio con un extranjero, cartas de invitación y, evidentemente, las salidas ilícitas. Uno podía escuchar los proyectos más rocambolescos e inverosímiles porque no pocas personas vivían obsesionadas con esta idea de escapar del país.

Desde luego que construir una embarcación improvisada y lanzarse al mar es un acto temerario y también irresponsable, sobre todo si se piensa que las naves se hacen de forma clandestina, con los escasos recursos que pueden encontrarse en el mercado negro –donde una brújula era muy cotizada-, y a menudo sin contar con la pericia de ingenieros o diseñadores especializados. Tampoco son personas que han visto el mar en cuanto posee de desproporcionado y terrible, tal y como se representa, por ejemplo, en los lienzos del artista ruso Iván Aivazovsky. Pero habría que estar en el pellejo de esas personas que solo sueñan con fugarse de Cuba, como mismo un convicto no cesa de pensar en el momento en que terminará su cautiverio. Las cerca de once mil personas que en un fin de semana entraron en la Embajada de Perú y las jornadas del Mariel (1980) y Cojímar (1994), pudieran verse plebiscitos que ha celebrado el pueblo cubano en las últimas tres o cuatro décadas.

Iván Aivazovsky, La ola, 1889



II
Los cerca de sesenta adultos que, arriesgando a sus hijos, decidieron huir en el Remolcador 13 de marzo sabían que cometían un delito. Se exponían, con toda consciencia, al peso excesivo de la ley. En el pasado, las sanciones por salidas ilegales podían llegar hasta los diez años de privación de libertad. Pero, en vistas de que se trataba de condenas desmedidas en un país con un elevado por ciento de reclusos y con una alta densidad de población penal, las sentencias se redujeron. En los años noventa las penas por salidas ilícitas oscilaban entre seis meses y tres años de cárcel, con medidas adicionales como la prisión domiciliaria.

Más o menos ese habría podido ser el veredicto judicial contra los implicados en los sucesos del Remolcador 13 de marzo. El castigo que recibieron, en cambio, debiera considerarse como una forma de terrorismo de Estado. Todos los sobrevivientes describen cómo fueron agredidos con chorros de agua, mientras la nave era embestida, hasta ser hundida, por otras embarcaciones más resistentes a los golpes. En algún momento los fugitivos decidieron mostrar a los niños que se encontraban a bordo. Fue un acto de capitulación y al mismo tiempo un modo de apelar a la clemencia de los atacantes. No funcionó. Las victimas del Remolcador 13 de marzo estaban destinadas a ofrecerse como escarmiento para todos aquellos que vivían obsesionados con la idea de salir clandestinamente de Cuba.

Difícil no responsabilizar al Estado cubano por semejante crimen colectivo. La versión que circulaba como rumor callejero –o al menos la que llegó a mis oídos- hablaba de un tal Jesusito, supuestamente uno de los pocos fanáticos a Fidel Castro que todavía existían, que se tomó la atribución de impedir la fuga del remolcador. Él y otros cómplices decidieron acudir a tres navíos para cercarlo y hundirlo. ¿Quiénes hicieron circular esta información que difería de las escuetas notas de prensa que publicó el gobierno? Posiblemente nunca llegue a saberse. Sin embargo, el relato que corría de boca en boca hacía creer que el gobierno todavía contaba con grupos de simpatizantes, dispuestos a luchar de manera violenta por los ideales revolucionarios, y a la vez exoneraba al Estado cubano de cualquier participación en el incidente.

En la práctica, el autoritarismo que prevalece en Cuba hace poco probable que unos ciudadanos puedan tomar la decisión de habilitar improvisadamente tres embarcaciones y emplearlas en una acción violenta, incluso cuando el propósito fuese defender la ideología oficial. Es poco creíble que algo así pudiese ocurrir sin al menos el consentimiento de mandos superiores. Durante más de cuatro décadas los cubanos estuvieron habituados a la creencia de que todas las decisiones, sobre todo maniobras similares a las que condujeron al hundimiento del Remolcador 13 de marzo, debían ser aprobadas por la alta dirigencia del país.

¿Quiénes se prestaron a hacer esta proeza revolucionaria? El Estado cubano no ha revelado sus nombres. Tampoco ha abierto una causa judicial sobre el incidente, lo cual hace pensar que las víctimas tuvieron -y tienen- un status similar a lo que el pensador italiano Giorgio Agamben llamó “vida desnuda”, es decir, una vida que ha sido despojada de todos sus derechos ante la ley y que queda a disposición de un poder que podría eliminarla en cualquier momento.




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